En 1951, en la ciudad de Edna, Texas, un trabajador agrícola llamado Pedro Hernández asesinó a su empleador después de intercambiar palabras en una cantina desgastada. De este asesinato aparentemente insignificante en un pequeño pueblo, surgió un caso emblemático de derechos civiles que cambiaría para siempre la vida y el estatus legal de decenas de millones de estadounidenses. Un equipo de abogados mexicano-americanos desconocidos tomó el caso, Hernández v. Texas, hasta la Corte Suprema, donde desafiaron con éxito la discriminación al estilo de Jim Crow contra los mexicano-americanos. En su despacho de abogados en San Antonio, un conocido abogado llamado Gus García escuchó las súplicas desesperadas de la madre de Pedro Hernández, quien viajó más de ciento cincuenta millas para pedirle que defendiera a su hijo. García se dio cuenta rápidamente de que había más en este caso que un asesinato; la verdadera preocupación no era la culpabilidad de Hernández, sino si podría recibir un juicio justo con un jurado totalmente anglo decidiendo su destino. García reunió a un equipo de valientes abogados que argumentaron en nombre de Hernández desde su primer juicio en el Palacio de Justicia del Condado de Jackson en Texas hasta Washington, DC. Sería la primera vez que un mexicano-americano se presentara ante la Corte Suprema. Los abogados de Hernández decidieron una estrategia legal audaz pero arriesgada, argumentando que los mexicano-americanos eran una clase aparte y no encajaban perfectamente en una estructura legal que reconocía solo a los estadounidenses negros y blancos. A medida que se desarrollaban los enfrentamientos legales, los abogados emergieron como hombres brillantes, dedicados, humorísticos y, a veces, terriblemente defectuosos.